De 2,500 quejas contra funcionarios, sólo 142 han surtido efecto
La Visitaduría General registró en tres años, 2 mil 528 denuncias y quejas contra funcionarios del Poder Judicial del Estado de Oaxaca (PJEO), por presuntas violaciones a derechos humanos y por faltas administrativas, laborales y a la función pública.
Un total de 142 funcionarios del Consejo de la Judicatura del PJEO fueron sancionados en el transcurso de este año, por este tipo de faltas.
En sólo uno de los casos del 2016, se terminó la relación laboral y en dos más, dos servidores públicos fueron suspendidos temporalmente de su trabajo. Hasta la fecha, se han presentado 603 denuncias contra funcionarios de este Poder, según datos de la Visitaduría del Consejo de la Judicatura. Esto implica un número de quejas contra los funcionarios del PJEO similar con respecto al año 2015 y una disminución en comparación con 2014.
En 2014, recibió un total de 1 mil 242 quejas investigadas y calificadas: 1 mil 147 de la Visitaduría General, 94 de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y una de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); en 2015 sumaron 683: 598 de la Visitaduría General y 85 de la DDHPO.
El PJEO invirtió 1 millón 45 mil pesos (en 2014) y 1 millón 560 mil 854 pesos (en 2015) en talleres y programas de formación del personal; un gran porcentaje de estos recursos se invirtió en materia de derechos humanos, más del 50 por ciento en 2014, 583 mil 597.98 pesos, y en 2015, una tercera parte, 543 mil 734.80 pesos.
Victoriano Barroso Rojas, titular de la Visitaduría General, órgano de control interno, detalló que entre las sanciones que se han impuesto están el apercibimiento, amonestaciones, multas de 50 a 100 días de salario mínimo si son faltas administrativas y laborales y de 50 a 120 días de salario mínimo si es por falta a la función pública.
También la suspensión del empleo, sin goce de sueldo de 15 a tres meses y la terminación de la relación laboral sin responsabilidad para el Poder Judicial; en caso que sea por una falta a la función pública, son suspendidos de 10 días a tres meses, la inhabilitación temporal de tres a seis meses y destitución del cargo.
“Cuando además de las faltas, los servidores públicos hayan incurrido en hechos que puedan ser constituidos de delitos, se pondrá en conocimiento del ministerio público para los efectos legales correspondientes”, agregó.
Quejas y denuncias
- En 2014 fueron mil 242
- En 2015 se documentaron 683
- Y de enero a octubre 2016, hay 603 casos