Víctimas y familiares de Nochixtlán consideran que PGR pretende transformar tragedia en delitos comu
Las víctimas y los familiares de las víctimas de Nochixtlán consideran que la Procuraduría General de la República (PGR) ha infravalorado el caso y ha pretendido transformar una tragedia colectiva en la que los agentes del Estado tuvieron responsabilidad, en una serie de delitos comunes.
El 19 de enero se cumplirán siete meses del desalojo de protestas de profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y sus simpatizantes en el que participaron policías estatales y federales, y que terminó con diez muertos y un centenar de heridos en ese poblado de Oaxaca.
“Y hasta ahora no ha habido ningún avance en la investigación, sólo promesas”, dice Juana Ramón Solís presidenta del Comité de Víctimas de Nochixtlán. Un grupo de víctimas y familiares de las víctimas, acompañados por sus abogados y por el ombudsman de Oaxaca, Arturo Peimbert entregaron la tarde de este viernes en la sede de la PGR una petición dirigida al procurador Raúl Cervantes. Le exigen que la investigación se haga a partir del reconocimiento de que ellos son víctimas de un crimen de lesa humanidad.
“Queremos volver a creer en las instituciones, aunque hasta ahora dejan mucho qué desear”, dice Solís luego de entregar el documento en una ventanilla. “Exigimos a la PGR que cumpla con la función para la que fue creada”.
El texto dirigido al procurador Cervantes y que tiene más de 80 firmas dice: “Venimos a exigir que se nos reconozca el carácter de víctimas de un crimen de lesa humanidad, como consecuencia del ataque generalizado o sistemático en contra de la población civil de Asunción Nochixtlán derivado de un operativo pajeado y ejecutado” por funcionarios como el ex gobernador oaxaqueño Gabino Cué, el ex comisionado de la Policía Federal, Enrique Francisco Galindo Ceballos, y 850 policías federales y estatales.
“Exigimos que se reconduzca la investigación con apego a los principios constitucionales del sistema acusatorio adversarial y que la PGR adopte criterios de autonomía e independencia” para investigar. La PGR, considera Peimbert, dilató mucho tiempo en dar respuesta a una exigencia de las víctimas de que se les reconociera como tales y de que se tomaran en cuenta para la investigación todos elementos socioculturales de la zona para entender cómo se dieron los hechos del 19 de junio.
“Ahora, con asesoría legal integral, las víctimas vienen a exigir que se les reconozca como víctimas de un delito de lesa humanidad”. El objetivo de que se reconozca esta calidad, dice Francisco Acevedo Castro, uno de los abogados del grupo, es que tanto las víctimas directas como indirectas de los hechos de Nochixtlán tengan acceso a un debido procedimiento de investigación, que puedan estar representados por asesores jurídicos y que se les garantice que se aplicarán los convenios y tratados internacionales aplicables al caso.
Los delitos de lesa humanidad no están reconocidos por la legislación mexicana. Pero sí están contemplados en tratados internacionales, como el Estatuto de Roma, que por ley pueden aplicarse en nuestro país, comenta el abogado. “Confiamos -añade- plenamente en que la PGR actuará dentro del marco legal, como ha dicho el procurador” y reconoce que han encontrado apertura de parte de las autoridades para llevar a cabo la investigación. Hace énfasis en que no están buscando indemnizaciones económicas, sino que se cumpla con la ley, con los estándares internacionales, y con que se encuentre a los responsables de la masacre. Pero además del reconocimiento, las víctimas piden algo más. “Primero que nada estamos exigiendo a las autoridades que respeten los acuerdos”, dice Solís. Considera que algunos ya se están empezando a romper por parte de las autoridades.
“El miércoles Javier Martín Villanueva, delegado de la PGR en Oaxaca, llegó a Nochixtlán a entregar las instalaciones del ayuntamiento al presidente municipal. Hizo supuestamente un peritaje de quince minutos y dijo ‘ya está’. Y en esas instalaciones, ahí enfrente, hubo enfrentamientos el día de la masacre.
En las reuniones que hemos tenido con funcionarios de la PGR se acordó que no se haría nada de esto si no estaban presentes la CNDH, la Defensoría de Oaxaca y un representante de la ONU. Pasaron encima de nuestros acuerdos”. Otros incumplimientos, dice, son que la Comisión Especial de Atención a Víctimas (CEAV) no ha dado los recursos necesarios para que los heridos puedan recibir la atención médica que requieren para su recuperación y que no se les puede brindar en Nochixtlán, por que ahí no hay instalaciones adecuadas para ello. “Les piden a los compañeros heridos, que no están trabajando porque no pueden por las lesiones, que ellos paguen los gastos y que se los van a reembolsar, porque ahora no hay dinero. Es algo ilógico y que nos llena de coraje”.