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Santiago 25/03/25

Colectivos y organizaciones no gubernamentales en Oaxaca, exigieron al gobierno federal y estatal el cese a la criminalización y persecución de los habitantes organizados que denuncian los procesos de despojo de sus territorios, y la privatización del derecho al acceso a las playas y recursos naturales de la entidad oaxaqueña y de otras entidades del país.

En el Encuentro en Defensa de las Playas, Manglares, Espacios Rituales, Agua y Territorios Ancestrales efectuado en El Coyul, Oaxaca, pobladores y defensores de la tierra y territorio llamaron a localidades y organizaciones de todo el país a crear un frente común y luchar contra las políticas de depredación emprendidas por autoridades.

En el evento intervinieron representantes de puntos como Playa Brasil, Punta Chivo, Barra de la Cruz y El Coyul, localizadas en la región del Istmo de Tehuantepec, que “viven el despojo violento de sus playas

El caso de El Coyul cobró relevancia luego de que en noviembre de 2024 fue difundido a través de este medio de comunicación que 21 habitantes de la comunidad de El Coyul fueron sentenciados a 15 años de prisión y a pagar una multa de 50 millones de pesos tras haber emprendido una campaña de defensa de sus tierras.

Además de aquellas localidades asentadas en la región del Istmo por esta entidad también participaron habitantes de Tapantepec, Zanatepec, El Jícaro, Reforma de Pineda, Ixhuatán, San Francisco del Mar, Juchitán, Puente Madera, San Mateo del Mar, Salina Cruz, Chacalapa, Pochutla, ExFinca Alemania, Miahuatlán y Oaxaca de Juárez.

Además, de Ciudad de México (Xochimilco, Coyoacán), Estado de México (Xochitla), Chiapas (Tonala, Tuxtla, Acteal), Puebla (Tehuacán), Quintana Roo (Felipe Carrillo Puerto), y de otros países como Italia, Alemania, País Vasco y Cataluña.

“Durante este encuentro un total de 25 comunidades, 33 organizaciones o colectivos y colectivas y poco más de 250 personas provenientes de diversas geografías, nos unimos con un propósito común: visibilizar los conflictos derivados de la invasión y explotación irresponsable de nuestras tierras, playas y bienes naturales las cuales están siendo amenazadas por actores externos como empresas, políticos y entes gubernamentales.

Asimismo, exigieron el cese de la explotación destructiva de sus bienes naturales, especialmente en las áreas de manglares, playas, manantiales y fuentes de agua, además del freno inmediato de la criminalización de los activistas que defienden los derechos de los pueblos y sus habitantes.

“Desde las comunidades indígenas de la costa de Oaxaca exigimos el cese a la criminalización y persecución de los habitantes organizados que denuncian los procesos de despojo de sus territorios, y la privatización del derecho al acceso a las playas.